Por Joaquín Aguirre
El grave accidente laboral que sufrió el operario petrolero Alfredo Miranda en Santa Cruz volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en los yacimientos y las responsabilidades de las empresas y las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
El trabajador, que tenía más de 20 años de antigüedad y se desempeñaba para la empresa CAM SRL, sufrió una lesión cerebral gravísima luego de que una pieza metálica saliera despedida durante la explosión de una máquina en un pozo petrolero.
El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2025 en la zona de Pico Truncado. Según relató su abogado, el laboralista Nicolás Schick, una válvula o pieza metálica oxidada impactó contra el casco del operario, lo atravesó y le provocó una lesión en el cerebro, además de una infección generalizada que derivó en un cuadro de extrema gravedad.

“Esto es una explosión que se produce en una máquina vieja, oxidada, que no pudo soportar la compresión del petróleo”, afirmó Schick en diálogo con Vaca Muerta News.
Para el abogado, el siniestro podría haberse evitado si hubieran existido controles adecuados sobre los equipos y las condiciones de trabajo.
La empresa CAM SRL era la empleadora de Miranda. Schick también mencionó a Crown Point, titular del pozo según su relato, a Pan American Energy por su vinculación con la operación y a la ART Prevención. Las eventuales responsabilidades de cada una deberán determinarse en las instancias correspondientes.
Tras el accidente, Miranda fue trasladado a Buenos Aires para recibir atención médica. Sin embargo, su familia denunció dificultades durante el tratamiento y un deterioro en su estado, lo que motivó la intervención judicial para modificar las condiciones de atención.

La Justicia ordenó el traslado sanitario y la atención domiciliaria

De acuerdo con el relato de Schick, Miranda fue derivado inicialmente a una clínica de Buenos Aires a través de la ART. Su esposa, que vive en Pico Truncado y tiene cinco hijos a cargo, uno de ellos con discapacidad, debió afrontar los viajes y las dificultades de acompañar a su marido lejos de su hogar.

El abogado sostuvo que, durante las visitas, la familia advertía signos de deterioro y que no observaba avances en la recuperación. Ante esa situación, su estudio impulsó una medida judicial para que el trabajador pudiera regresar a Santa Cruz y continuar allí con la asistencia necesaria.
“Logramos a través de una medida cautelar que la ART lo traslade a la casa a través de avión sanitario y que le adapte la casa con toda la sofisticación, maquinaria, todo lo necesario para continuar con el tratamiento”, explicó.
La resolución también contempla, según Schick, la instalación de equipamiento médico y la presencia de tres médicos, con turnos de ocho horas, para atender al paciente y responder ante eventuales complicaciones.
El abogado destacó el impacto de la decisión sobre el entorno familiar: “La contención, el amor, el apoyo, el cariño de la familia es lo más importante para una persona en estas condiciones”.
Miranda quedó con una incapacidad absoluta, permanente y definitiva, de acuerdo con lo expresado por su representante legal. Schick también cuestionó que, según su versión, CAM SRL le hubiera interrumpido la obra social al mes siguiente del accidente, pese a que el trabajador tenía familiares con discapacidad a su cargo. Indicó que por esa situación se inició otra acción judicial.

Máquinas, controles y prevención en los yacimientos

Más allá de la situación particular de Miranda, Schick apuntó contra las condiciones de seguridad que, según denunció, rodearon el accidente. A su entender, el problema central no fue la indumentaria del trabajador, sino el estado del equipamiento y la ausencia de controles suficientes.
“Acá la gran falla es la máquina”, sostuvo. También afirmó que no habría constancias de inspecciones adecuadas de la ART ni de una evaluación suficiente de los riesgos por parte de las empresas involucradas.
El letrado consideró que el episodio refleja una problemática que trasciende un solo establecimiento. “Hay una falla tremenda de lo que son las condiciones de seguridad, que es precisamente en donde suceden la mayor cantidad de accidentes”, señaló.
En ese sentido, cuestionó que la atención pública sobre los siniestros laborales no siempre refleje la dimensión del problema. Mencionó, entre otros factores, a los trabajadores no registrados, que pueden quedar sin cobertura de una ART, y a las familias que, en situaciones de vulnerabilidad, aceptan acuerdos sin contar con asesoramiento suficiente.
Sus afirmaciones corresponden a la perspectiva del abogado que representa al trabajador. La determinación de las causas del accidente y de las responsabilidades empresariales requiere considerar las pruebas técnicas y las actuaciones administrativas y judiciales.

Reclamos por daños y posibles responsabilidades

Schick anticipó que avanzarán con acciones destinadas a establecer las responsabilidades y obtener una reparación por los daños sufridos. Según explicó, el análisis incluye las consecuencias físicas y psicológicas sobre Miranda, el impacto en su familia y las posibles fallas en materia de higiene y seguridad.
El abogado también planteó la posibilidad de reclamar una sanción económica adicional con finalidad ejemplificadora, para desalentar incumplimientos graves en la industria.
El caso vuelve a poner en primer plano un aspecto central de la actividad hidrocarburífera: la seguridad operativa no depende únicamente de los elementos de protección personal, sino también del mantenimiento de los equipos, la identificación de riesgos y la supervisión efectiva de las tareas.
En una industria que trabaja con instalaciones presurizadas, maquinaria pesada y procesos de elevada exigencia técnica, determinar qué falló en un accidente de estas características resulta fundamental tanto para establecer responsabilidades como para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.